Nuestro académico el Dr. Mario Durán Migliardi, se suma a la columna de opinión en el diario Chañarcillo, nos habla de un nuevo punto de la propuesta de nueva constitución, la seguridad pública y el derecho a vivir sin violencia.

La seguridad pública es una materia que la Propuesta de Nueva Constitución aborda sistemáticamente, teniendo como núcleo central el derecho de todas las personas a vivir en entornos seguros y libres de violencia. Si hacemos el ejercicio de acercarnos a este tema desde la perspectiva de una persona en particular, veremos que la Propuesta ofrece una esfera de protección desde el entorno familiar, estatal, educacional, sexual, en la ciudad o el territorio e incluso en el mundo digital. Estableciendo no sólo la obligación de crear mecanismos, sistemas y políticas públicas, sino también definiendo las instituciones y organismos públicos encargados de promover, ejecutar y coordinar tales políticas, mecanismos y actividades concretas necesarias para garantizar este importante derecho.

Es en este sentido que el art. 53.1 establece el “derecho a vivir en entornos seguros y libres de violencia” y agrega que, “es deber del Estado proteger en forma equitativa el ejercicio de este derecho a todas las personas, a través de una política de prevención de la violencia y el delito que considerará especialmente las condiciones materiales, ambientales, sociales y el fortalecimiento comunitario de los territorios”. Con ello, el concepto de seguridad pública deja de ser entendido de manera abstracta y formal para constituirse en una materia objetiva y más cercana a la realidad de las personas y sus comunidades, donde –desde la perspectiva de la Propuesta- la prevención de la violencia y del delito resultan fundamentales para el fortalecimiento de la dignidad de las personas y sus comunidades, así como para el ejercicio de sus derechos.

De manera coherente con lo anterior, el art. 52.1 establece el derecho a la ciudad y al territorio como “un derecho colectivo orientado al bien común” que se basa “en el ejercicio pleno de los derechos humanos en el territorio, en su gestión democrática y en la función social y ecológica de la propiedad”. Por lo que, según prescribe el art. 52.2 “toda persona tiene derecho a habitar, producir, gozar y participar en ciudades y asentamientos humanos libres de violencia y en condiciones apropiadas para una vida digna”. Esta noción se extiende más allá del ámbito de las grandes ciudades o entornos urbanos, ya que el art. 242 establece que “el Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir la violencia y superar las desigualdades que enfrentan mujeres y niñas rurales, promoviendo la implementación de políticas públicas que garanticen el goce igualitario de los derechos que la Constitución consagra”.